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| “Todos los actos de gobierno son como mínimo, dudosos”, dice el abogado peronista al referirse a la situación que atraviesa la municipalidad de El Bolsón |
Para Víctor Massimino, de larga experiencia dentro del estado, los hechos constitucionales no le son ajenos. En esta entrevista con Límite42º, luego de la renuncia de la profesional al cargo del Poder de Contralor, el letrado asegura que la municipalidad está en una situación dudosa y de alto riesgo. “Para no decir ilegal al menos sus actos, son ilegítimos”, asegura.
La administración de Alfredo Ricardo Caleuche García atraviesa la peor crisis dentro de su gobierno al no haber legitimado en dos años de estar al frente de la función pública local, las áreas más sensibles y principales de la municipalidad: Hacienda, llamada ahora Economía.
La municipalidad no cuenta con el contralor municipal; tiene dudosa legitimidad la función de la contadora al haber expirado el contrato que la sostenía, y la falta de la asesoría legal del Poder Ejecutivo agravar la legalidad de esta intendencia.
-¿Cuál es el rol del contralor municipal y que pasa con un estado que no lo tiene?
- El órgano de contralor cumple una función determinada por la Carta Orgánica Municipal. Es quien revisa las operaciones realizadas por el intendente, por el Poder Ejecutivo. La falta de este órgano hace que el ejecutivo se quede sin un control por parte de nadie.
-¿Quién debería arbitrar los medios de control?
- El concejo deliberante. Es el cuerpo quien debe arbitrar los medios para designar una nueva persona que ejerza el cargo de órgano de contralor. Mientras tanto, nadie lo ejerce. De todos modos, si tenemos presente que la persona que se hallaba en el cargo, en distintas oportunidades manifestó de manera pública en reuniones con el concejo deliberante que el área de economía no le remitía copias de las rendiciones de cuentas; donde no le daban la documentación o los originales para que verifique los gastos.
Es decir, por una parte teníamos un órgano de control que no podía funcionar porque el (poder) ejecutivo no le remitía documentación para funcionar. Eso sería una cuestión que el intendente deberá plantear y que el concejo deliberante investigar por qué no le presentaban documentación para que ser controlados. Creo que el deliberante tiene, no solamente la facultad, si no la obligación de advertir en el ejecutivo la falta de cumplimiento; es la obligación de que sean controlados.
-¿Significa que la municipalidad hoy no tiene ningún control, por qué?
Tenemos un estado en este momento que no tiene control. Un estado donde no tiene el representante que lo va a defender en los juicios cual asesor legal. Pero al mismo tiempo, la figura del asesor legal, que no está en el municipio, implica que todos los actos de gobierno son dudosos. Porque cada acto de gobierno que deba dictar el intendente: las resoluciones, los vetos y demás, todo el trámite administrativo por el cual algún ciudadano realice un reclamo al municipio, tiene que contar, por las leyes del recurso contencioso administrativo de la provincia de Río Negro, con un dictamen obligatorio, previo, del asesor legal del municipio.
Entonces, los actos celebrados que no cuentan con dictamen previo son actos como mínimo, dudosos. Para no decir, ilegal. Sí serían ilegítimos porque es un acto por el cual no estaría legitimado el intendente o el funcionario al dictarlo, si no tiene ese dictamen previo. En este sentido la municipalidad está en un alto riesgo legal. Lo sufrimos hace poco por el embargo que llegó a las arcas del municipio por una declaración de inconstitucionalidad. Tenemos un estado en alto riesgo, a mi modo de ver.
-También se dice que no está la figura de la contadora municipal ¿qué puede pasar en el futuro inmediato?
La carencia de un contador dentro del área del municipio implicaría que no se sabrían bien las cuentas, las modificaciones presupuestarias, los movimientos de cuentas del presupuesto, las erogaciones: sería bastante anárquico. Y si a eso le sumamos la falta de control, la anarquía sería total. Al menos dentro del área contable hablando del cierre de números. No sería una anarquía de gobierno puesto que todavía el intendente está en funciones y tiene un cuadro ejecutivo y el deliberante también. Creo que el mayor control del concejo, que también tiene una función de contralor sobre las funciones del ejecutivo, es lo que posibilitaría una mayor transparencia y un mayor control de la cosa pública…
-¿El cuerpo en su totalidad o la comisión de económicas puede ejercer el control?
El concejo deliberante. Porque estas informaciones, si no se cuenta con un contador municipal, si no existe un órgano de contralor, el concejo deliberante que es un órgano de control sobre el otro poder, igual que el ejecutivo es un órgano de control sobre el poder legislativo, creo que debería intervenir más activamente. Mantener reuniones o al menos citar a los funcionarios para brinden informes sobre su gestión. Hasta ahora no he visto que esto ocurriera.
Los presupuestos se remiten con partidas presupuestarias netas sin afectaciones, sin discursos que expliquen a qué se van afectar las partidas. Es decir, establecemos diez millones de pesos para obra pública sin decir qué obra pública se va a ejecutar. Esto es una cuestión anarquiza porque no se sabe a dónde va. Generamos cierto presupuesto para un gasto pero no decimos a dónde se va gastar. El vecino no sabe en qué se va a gastar. No hay presupuesto, no hay control. Creo que el concejo deliberante debe actuar más activamente como control más que como generador de legislación.
-En el hipotético caso de un nuevo contralor ¿cómo debe actuar ante esta situación?
El contralor aprueba o desaprueba. Puede aprobar con observaciones. Ciertas compras no pueden hacerse de manera directa, sino que deben hacerse por concurso de precio o por licitación. Tal vez tenga la documentación de las erogaciones pero no se respetó el procedimiento. Entonces, aprueba la partida en cuanto tiene un comprobante de gasto que demuestra efectivamente la erogación. Pero que no se respetó el procedimiento. Esto sería una aprobación observada.
Igualmente no sé cómo actuará un nuevo contralor, que por lo tengo entendido todo el año pasado no le fue brindada la información, no le fue elevada la documentación para que controle. Por lo que un nuevo contralor deberá revisar todo lo que no se hizo hasta ahora.
-¿Con la denuncia de la contralor en la justicia, quién está en riesgo?
En este sentido están todos en riesgo. Porque la contralor al efectuar la denuncia al concejo deliberante, que es un órgano de control político institucional sobre el ejecutivo. Al realizar una denuncia ante fiscalía poniendo de resalto su actuación y la posibilidad que pueda existir algún tipo de delito, todos son responsables.
Si los concejales advertidos de esta situación que ven que uno de los poderes del estado, que es un órgano de controlar, existe interferencia por parte del ejecutivo donde no lo deja funcionar, como mínimo hay un delito y ellos como funcionarios públicos no tienen un derecho, tienen la obligación de denunciar la interferencia de uno de los poderes dentro de otro del estado. Las obligaciones ahora se agravan porque se habla de responsabilidades sobre hechos consumados. Que puede o no ser delito pero irregularidades administrativas como mínimo, existen. (AM/Limite42)
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