La denuncia por trabajo infantil en Lago Puelo podría ser desestimada y archivada por el juez
Los chicos trabajaban en la cosecha de fruta fina, en la zona cordillerana.
La denuncia que en su momento realizara la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a trabajo infantil en chacras de fruta fina de Lago Puelo podría quedar en la nada: de acuerdo a versiones que circularon en los últimos días el juez federal Guido Otranto la desestimaría y entre otros argumentos habría dicho que “los menores no fueron coaccionados por el contratante para realizar tareas en la cosecha de fruta fina ya que los chicos lo hacían a la par de su padrastro, una costumbre de raigambre cultural y estacional de la comarca”.
Además para el mencionado juez la denuncia carecería de sustento legal en lo que respecta al argumento del denunciante para la figura penal que se pretende imputar. Aunque por ahora son solo versiones, estas son demasiado firmes y el juez ya tendría redactada su decisión. La denuncia quedaría en la nada y los chicos seguirían trabajando y cargando pesados cajones a cambio de un pago que para los denunciantes era sencillamente miserable. Más allá de las consideraciones que distintas ONG hacen respecto al trabajo infantil y la explotación de menores en tareas que en general son de riesgo para su integridad e incluso para su crecimiento.
La denuncia fue realizada a fines de enero de este año. La AFIP rescató a 13 menores que trabajaban en un campo de Lago Puelo dedicado a la producción de fruta fina, específicamente de frambuesas. Los chicos tienen entre 9 y 15 años y cargaban baldes de hasta 20 kilos. Les pagaban 6 pesos por kilo cosechado en un predio de alrededor de cuatro hectáreas.
Cabe recordar un hecho que llamó la atención de quienes realizaron el operativo: cuando llegaron al lugar los chicos corrieron a esconderse detrás de unos matorrales. Sin embargo, después se los localizó y los pudieron identificar. Por tratarse de la AFIP intervino la justicia federal. En el momento del procedimiento estaba en pleno desarrollo la feria judicial por lo que Otranto no estaba al frente del Juzgado Federal de Esquel donde se instruyó la causa. En ese momento era subrogado por la doctora Silvina Ávila.
La doctora Ávila se cuidó de dar demasiada información debido a que se trataba de menores, algunos de los cuales estaban bajo las órdenes de su padrastro. “Con motivo de un procedimiento de la AFIP en la zona de la comarca se hizo una inspección en un establecimiento y se detectaron algunas irregularidades, una de ellas es la presencia de menores. La misma autoridad administrativa hizo la denuncia y después las actuaciones se derivaron a la justicia federal. Los menores habrían estado realizando tareas relativas a la explotación comercial del establecimiento. Trabajando”, se dijo en un comunicado.
Se bien se conoció días después, el procedimiento se realizó en la tarde del 17 de enero de este año y consistía básicamente en un relevamiento previsional. Al conocerse la información se descartó que los chicos que trabajaban en la cosecha de la fruta fina hayan sido traídos de otro país sino que serían vecinos de la misma localidad. Al mismo tiempo se hizo referencia a que hay una figura penal que reprime el trabajo de menores a quienes no se los puede emplear.
Esta última situación parecería ser obviada por el juez Otranto quien estaría dispuesto a archivar la causa. Hay poca información al respecto teniendo en cuenta que el magistrado se niega en forma permanente a hablar con la prensa. Lo cierto es que con seguridad cuando el fallo se haga público traerá distintas opiniones. Además, nunca se envió a hacer inspecciones a los campos de la comarca para ver si esta situación se repite y sobre todo si en el campo inspeccionado por la AFIP los menores continúan trabajando.
Por otro lado, los inspectores hicieron una clara referencia al tema de la huída de los menores a esconderse. “Para nosotros no lo hicieron por decisión propia, pareció como que ya estaban advertidos respecto a que si llegaba alguien a realizar una inspección ellos tenían que esconderse y negar que trabajaban”, contó uno de los inspectores que llegó al lugar.
Además para el mencionado juez la denuncia carecería de sustento legal en lo que respecta al argumento del denunciante para la figura penal que se pretende imputar. Aunque por ahora son solo versiones, estas son demasiado firmes y el juez ya tendría redactada su decisión. La denuncia quedaría en la nada y los chicos seguirían trabajando y cargando pesados cajones a cambio de un pago que para los denunciantes era sencillamente miserable. Más allá de las consideraciones que distintas ONG hacen respecto al trabajo infantil y la explotación de menores en tareas que en general son de riesgo para su integridad e incluso para su crecimiento.
La denuncia fue realizada a fines de enero de este año. La AFIP rescató a 13 menores que trabajaban en un campo de Lago Puelo dedicado a la producción de fruta fina, específicamente de frambuesas. Los chicos tienen entre 9 y 15 años y cargaban baldes de hasta 20 kilos. Les pagaban 6 pesos por kilo cosechado en un predio de alrededor de cuatro hectáreas.
Cabe recordar un hecho que llamó la atención de quienes realizaron el operativo: cuando llegaron al lugar los chicos corrieron a esconderse detrás de unos matorrales. Sin embargo, después se los localizó y los pudieron identificar. Por tratarse de la AFIP intervino la justicia federal. En el momento del procedimiento estaba en pleno desarrollo la feria judicial por lo que Otranto no estaba al frente del Juzgado Federal de Esquel donde se instruyó la causa. En ese momento era subrogado por la doctora Silvina Ávila.
La doctora Ávila se cuidó de dar demasiada información debido a que se trataba de menores, algunos de los cuales estaban bajo las órdenes de su padrastro. “Con motivo de un procedimiento de la AFIP en la zona de la comarca se hizo una inspección en un establecimiento y se detectaron algunas irregularidades, una de ellas es la presencia de menores. La misma autoridad administrativa hizo la denuncia y después las actuaciones se derivaron a la justicia federal. Los menores habrían estado realizando tareas relativas a la explotación comercial del establecimiento. Trabajando”, se dijo en un comunicado.
Se bien se conoció días después, el procedimiento se realizó en la tarde del 17 de enero de este año y consistía básicamente en un relevamiento previsional. Al conocerse la información se descartó que los chicos que trabajaban en la cosecha de la fruta fina hayan sido traídos de otro país sino que serían vecinos de la misma localidad. Al mismo tiempo se hizo referencia a que hay una figura penal que reprime el trabajo de menores a quienes no se los puede emplear.
Esta última situación parecería ser obviada por el juez Otranto quien estaría dispuesto a archivar la causa. Hay poca información al respecto teniendo en cuenta que el magistrado se niega en forma permanente a hablar con la prensa. Lo cierto es que con seguridad cuando el fallo se haga público traerá distintas opiniones. Además, nunca se envió a hacer inspecciones a los campos de la comarca para ver si esta situación se repite y sobre todo si en el campo inspeccionado por la AFIP los menores continúan trabajando.
Por otro lado, los inspectores hicieron una clara referencia al tema de la huída de los menores a esconderse. “Para nosotros no lo hicieron por decisión propia, pareció como que ya estaban advertidos respecto a que si llegaba alguien a realizar una inspección ellos tenían que esconderse y negar que trabajaban”, contó uno de los inspectores que llegó al lugar.
Fuente: Diario Jornada
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