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¿Qué hay detrás de la puja por el cerro Catedral?

Funciona apenas un cuarto del año, pero esos meses le bastan al cerro Catedral para ser considerado el corazón de la economía y el turismo de Bariloche. Semejante recurso debería formar parte de la identidad de la ciudad y ser considerado como la gallina de los huevos de oro, pero la realidad es muy distinta, y los intereses del Estado provincial, del municipio y de la empresa concesionaria, Alta Patagonia (Capsa), viven chocando.

La transferencia del cerro del dominio provincial al municipal no sólo cambió el modo en el que el Estado fiscaliza la concesión, sino que además fue disparador de una disputa judicial que se activa y se duerme sucesivamente desde hace dos años y que, como la empresa desconoce la jurisdicción de la ciudad sobre la concesión, introduce un alto grado de incertidumbre en el futuro del cerro.
"DeBariloche" habló con las tres patas del conflicto: el municipio, la provincia y la empresa, para tratar se desentrañar qué hay detrás de la disputa.

Podría decirse que sobre todo lo que podría significar un negocio en el área del cerro, los privados ya avanzaron: el complejo de esquí propiamente dicho, hoteles, cabañas, hosterías, gastronomía, shopping, etcétera. Lo que falta es un desarrollo inmobiliario sobre la montaña, algo que está previsto en el contrato de concesión y que Capsa reclama.

Todo ello, claro, con una extensión del plazo de concesión, que expira en 2026, y que la empresa quiere llevarlo más allá.

El cerro es fuente de recursos para la empresa que lo explota, en manos ahora de Vía Bariloche, de la familia Trappa; para los cientos de comercios, desde alquiler de equipos hasta restoranes, instalados en la base y en las alturas de la montaña; para los más de 3.000 trabajadores que en plena temporada prestan servicios en su área; para los otros empresarios, especialmente hotelería y gastronomía, y su fuerza de trabajo que, sin estar en el Catedral, se benefician de la atracción de sus servicios; del Estado provincial que recauda Ingresos Brutos y el municipal, con sus tasas.
Sería reduccionista sostener que hay un solo conflicto de intereses porque las diferencias se multiplican.
Están los que creen que, para que siga siendo fuente de recursos, el cerro Catedral debe volver a tener una oferta de excelencia que, como es cara, es menos masiva; pero se les oponen aquellos que sostienen que se puede ser masivo y popular, y ser rentable (se filtra aquí la realidad del terrible desequilibrio social de Bariloche).
Pero también se discuten otras cuestiones. ¿Por qué el concesionario debe correr con todo el costo de las inversiones en mantenimiento y expansión si hay cientos de negocios, de tamaños disímiles, que se benefician también? Un buen ejemplo es la fabricación de nieve: Capsa tiene en carpeta una inversión superior a los 4.500.000 pesos para cañones pero los beneficios de esta decisión los van a compartir desde los que alquilan ropa y equipos hasta el que ofrece panchos.
La municipalización del cerro cambió las cosas, especialmente por la cercanía de la fiscalización. Los enfrentamientos entre la empresa y el ente regulador, Eamcec, se multiplican: puede ser una discusión menor, como el horario en el que podrán esquiar los residentes, o más profunda, como el plan de inversiones a largo plazo.
De hecho, la empresa presentó, con un retraso de meses, su propuesta plurianual de inversiones (Plan Vector, lo llama) y el ente regulador no sólo no lo aprobó sino que, sobre la base del trabajo del concesionario, elaboró uno propio (ver aparte).
Es llamativo, pero en el Plan Vector de la empresa no aparece el desarrollo urbanístico que Capsa reclama como un incumplimiento del Estado en su demanda (una acción declarativa de certeza, ver aparte). El otro incumplimiento del Estado (provincial o municipal) como concedente es, según la empresa, el complejo hotelero, aunque sus directivos sostiene que con el crecimiento de la oferta de plazas en el área, este negocio previsto en el contrato de concesión, perdió atractivo.
El desarrollo inmobiliario supone la provisión de servicios, desarrollo y loteo en la montaña. Originalmente, estaba reservado a un área llamada Chapelquito, pero hay que ver si esa zona es ahora pasible de ser urbanizada, especialmente desde la vigencia de la Ley de Bosques.
Sea en Chapelquito o en otro sitio, Capsa cree que, frente a una ecuación que sostienen que es deficitaria, como es la operación de los medios de elevación, el desarrollo urbanístico se presenta como el gran atractivo económico y la fuente de financiamiento de la necesaria renovación del centro de esquí.
Hay otra pelea que no es menor porque cuando se transfirió la propiedad del cerro al municipio (fue una donación de la provincia, en realidad), las 1.920 hectáreas de la concesión quedaron reducidas, según la empresa, porque el municipio reclama para sí el sector de la base en torno de la plaza Catalina Reynal. En ese espacio, sobran los espacios de publicidad, que son una gran fuente recursos de Capsa.
Contactos
Vía Bariloche es una empresa que ha crecido en el mercado del transporte de pasajeros y de cargas, con inversiones visibles en la región. Dicen en la municipalidad que en los contactos con los Trappa, oriundos de Pablo Nogués, en el Conurbano bonaerense, siempre sacan a relucir su buena llegada con el gobierno nacional y la excelente relación con Alberto Weretilneck. "Cuando la negociación se pone espesa, chapean con eso", contó uno de los funcionarios municipales que suele tener relación con Capsa.
Este diario trató de confirmar las versiones que indicaban que parte del encono de la empresa con el ente regulador municipal se debía al intento de los Trappa por entrar en el servicio de colectivos urbanos de Bariloche (finalmente, la empresa fue Las Grutas) y la resistencia que encontraron de parte de la intendenta María Eugenia Martini, pero todas ni en Capsa ni en el gobierno de la ciudad pudo confirmarse que ello hubiera ocurrido.
¿Si lo que busca la compañía es el desarrollo de una villa exclusiva en algún punto de la montaña por qué no queda esa propuesta sobre la mesa? Lo que ocurre es que hay tantas discusiones de por medio antes, empezado por la demanda judicial hasta llegar al plan de inversiones, que la negociación se torna lenta.
El ente regulador viene a romper con años de fiscalización, si no laxa, al menos lejana; y la empresa aduce que en el afán de control, el ente comete errores e injusticias que se tornan asfixiantes en el día a día.
Weretilneck se ofreció como mediador, pero chocó con la realidad de que el Estado provincial es parte del litigio judicial. Bariloche es una palabra que enciende alertas en la Casa Rosada y el gobernador rionegrino, cuya presencia en la ciudad se multiplica (ha pasado fines de semana largos como turista, incluso), no quiere ver el nombre de la ciudad turística más importante de la Patagonia ligado a un conflicto.
Propuesta y contrapropuesta
"Lo que presentó Alta Patagonia es un mamarracho", le dijeron a la intendenta María Eugenia Martini sus representantes en el ente regulador luego de analizar el denominado Plan Vector de la empresa para el cerro.
Capsa propone colocar "magic carpets", que son como cintas transportadoras, y dos nuevas telesillas, Conexión y Estadio, y la modernización de Militares, además de una serie de mejoras en las pistas y en la fabricación de nieve, lo que supone la construcción de reservorios de agua en cotas elevadas. Habla en su propuesta de mejorar las playas de estacionamiento y avanza sobre la necesidad de invertir en servicios básicos en una zona que, como el centro de esquí, también está en crisis luego del traslado.
"El Plan Vector no hace referencia al tratamiento de la modernización integral de los medios de elevación actualmente instalados sino sólo a la instalación de nuevos medios. Esta es una cuestión esencial, primordial y excluyente para considerar cualquier proyecto de mejoramiento del cerro Catedral", le respondió el ente regulador, Eamcec, en su contrapropuesta.
En definitiva, el organismo fiscalizador pretende una propuesta que permita ir reemplazando equipos que tienen casi 60 años, como el Cablecarril, 44 en el caso de la línea Cóndor, 35 para Princesa y 15 en los casos de las telesillas Séxtuple Express y Cuádruple Punta Nevada.
No lo dijo la empresa de manera oficial, pero dejó entrever que semejante inversión precisa financiamiento y un plan de recuperación, con fondos y plazos más largos de los 13 años que tiene por delante la concesión.
En la contrapropuesa, el ente habla del desarme y retiro de 14 medios de elevación, incluidas las líneas Princesa, Cóndor, las telesillas Militares, Esquiadores y el Cablecarril, y la instalación de una decena de nuevos equipos.
La causa judicial
En febrero de 2004 el gobierno de Miguel Saiz firmó con Catedral Alta Patagonia SA (Capsa) lo que se conoce como la readecuación del contrato de concesión. Allí la empresa dio su conformidad a la transferencia del dominio del cerro al municipio, con una vigencia de dos años.
Ese acuerdo se transformó a los pocos días en una ley, que además creó un ente regulador con representantes provinciales, municipales y de entidades intermedias de Bariloche.
Pasaron meses, semestres, años y en septiembre de 2009, en una nota oficial a la secretaría de Turismo, Capsa comunicó que "la aceptación irrevocable (de la transferencia del cerro) debe tenerse por extinguida y revocada".
Y a finales de 2009, se firmó finalmente el acta de transferencia. Mediaron seis meses entre ese momento y la acción judicial de la empresa, que desconoció y sigue haciéndolo en cada comunicación oficial al ente regulador, la legalidad de la transferencia sin su consentimiento y aduce incumplimientos de la provincia que la obligan a retirar esa conformidad.
Desde entonces, se suspendieron en varias ocasiones los plazos procesales de la causa de común acuerdo entre las partes, para abrir instancias de negociaciones. El último intento de diálogo fue en la Justicia y fracasó.
"La empresa usa la causa como un arma de presión", se quejó un funcionario municipal con llegada a la intendenta.
La intendenta María Eugenia Martini ya dijo que no quiere más dilaciones y que espera la decisión judicial, que supone favorable al municipio y la provincia, pero el gobernador Alberto Weretilneck, fiel a su estilo, dijo que quiere negociar.
"¿Vos sabés lo que puede pasar si el fallo es en contra? Ni loco quiero de nuevo el cerro en la provincia", lo escucharon al gobernador decirle a la intendenta. "Eso es imposible", le respondió, segura.


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