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El Abogado Gonzaga a juicio acusado de extorsión a policias


La investigación por la presunta tentativa de extorsión que se atribuye a un abogado entró en etapa de juicio. En la audiencia preliminar fueron rechazados los planteos de nulidad realizados por la defensa respecto de las escuchas telefónicas y fue admitida la totalidad de la prueba presentada por las partes.

Como planteó el fiscal en la acusación, se trató y se resolvió el sobreseimiento de quien previamente había sido imputado como partícipe. Se trata del detenido que con su computadora personal filmó a dos policías dentro de su calabozo. El interno entregó este material a su abogado, pero no hay ninguna prueba de que quisiera utilizarlo para extorsionar, sino simplemente para reclamar por sus derechos.

El fiscal Fernando Rivarola oralizó el hecho que intentará probar en el juicio y enumeró la prueba con la que lo hará. La defensa a cargo del Dr. Hugo Cancino, realizó planteos de nulidad respecto de instancias centrales en la investigación, como lo fue la realización de escuchas telefónicas. Sobre este punto el juez Jorge Criado aclaró que es necesario tener en claro que la investigación que pesa sobre el imputado lo es ante la posible comisión de un delito y no por el ejercicio de su profesión de abogado, por lo tanto le caben las mismas garantías que a cualquier otro imputado. “Toda la Constitución tiene para los imputados un vademecum de muchísimas garantías, no encontré ninguna que diga que hay una garantía para la impunidad”, sostuvo el juez. La defensa había planteado que al igual que para los allanamientos en estudios jurídicos, debe darse aviso al Colegio de Abogados. El juez coincidió con el fiscal en que en el caso de las escuchas telefónicas se está ante una medida de imposible cumplimiento si se da aviso a alguien. “Perjuicio procesal no es lo mismo que agravio constitucional… Aquí no hubo ninguna afectación al derecho de defensa del imputado”.

Resta ahora la designación del juez que tendrá a su cargo la dirección del debate, y la fijación de la fecha de juicio.

El hecho

El hecho acusado comenzó a realizarse el 20 de marzo de este año, cuando el imputado en su calidad de abogado defensor de un detenido en la comisaría de Trevelin, se entrevistó con una oficial de policía intimidándola con manifestaciones como “… vamos a hablar a calzón quitado, yo tengo una filmación donde apareces con otro oficial en los calabozos, mientras lo internos no estaban, haciendo cosas que vos sabés que vas a perder tu carrera si yo vendo el video…” Luego de esto le habría pedido el traslado de su defendido y $25 mil por su silencio. Después existieron comunicaciones telefónicas entre la víctima y el imputado en las que discutieron el monto, acordando una suma menor $ 15 mil que debería realizarse en efectivo por sistema de homebanking. El imputado prometió que una vez que se verificara la transferencia destruiría el registro audiovisual.
El 28 de mayo se encontraron a las 10:30 hs. en una estación de servicios de Esquel. Allí la oficial verificaría la existencia del video. En ese contexto el imputado fue aprehendido por personal policial.

“Luego de recuperada su libertad, el imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal, facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos) copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio amenazado”, indicó Rivarola.


Antecedentes del Abogado Gonzaga


Sarmiento. Chubut - 04/06/2006) Durante la sesión ordinaria del miércoles, los concejales del Bloque Justicialista pidieron al Poder Ejecutivo que no se le renueve el contrato al abogado que ocupaba el cargo de Asesor Legal del municipio.
El tema estalló sobre el final de la hora de preferencias. Allí, el presidente del cuerpo legislativo de Sarmiento, Luis Pérez, solicitó a su par Nélida Manrique que ocupara la presidencia, para entonces realizar él lo que calificó de «una grave denuncia que evidencia una también grave irregularidad administrativa del Ejecutivo municipal».

El funcionario se refirió a la contratación del abogado Ricardo Gerónimo Gonzaga, detallando que a raíz de la denuncia de un grupo de vecinos registrada el 24 de mayo último, respecto del comportamiento del asesor legal municipal, inició una investigación que desataría un escándalo al comprobar que Gonzaga carecía de matrícula por poseer antecedentes penales. 
Gonzaga fue contratado el 2 de mayo con una remuneración de 2.700,35 pesos y su relación laboral concluía el mismo miércoles 31. Lo que se iba a analizar allí era su recontratación.

La investigación del concejal Pérez se inició con una consulta en el Colegio Público de Abogados de Sarmiento, donde le indicaron que el 6 de abril de 2006 se había rechazado la matriculación del abogado.

«Ello, sobre la base de la falta de presentación legal, en tiempo y forma, del certificado del Registro Nacional de Reincidencias y Estadísticas Criminal, ya que el mismo estaba vencido», indicó el edil, quien agregó que «lo que más me llamó la atención es que en dicha Resolución se hace mención a que el citado profesional no habría podido matricularse en el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn por falta de cumplimiento de los requisitos legales necesarios para ejercer la profesión en la provincia del Chubut».

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn había tomado esa resolución el 16 de marzo último, argumentando que Gonzaga había sido «excluido de la matrícula del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal el 18 de abril de 2005».


EL PASADO

Al parecer, y tras ser rechazado en Madryn, Gonzaga decidió probar suerte en Sarmiento, donde al poco tiempo de llegar consiguió ser contratado por el municipio. 

¿Qué averiguó Pérez respecto del pasado de Gonzaga? Que cumpliendo una condena por robo a mano armada de dos años y medio, estudió abogacía en la cárcel. Al salir, y ya graduado, defendió a un grupo de compañeros acusados de cometer un delito. 

En ese marco, en Sarmiento se comenta que habría extorsionado a un funcionario judicial. El caso trascendió y el Colegio de Abogados de Buenos Aires le quitó la matrícula. 

Una vez en Sarmiento, la convivencia fue uno de los primeros obstáculos que debió sortear el abogado, ya que los vecinos se quejaron por lo que consideraban mala conducta de su parte. El planteo llegó al Concejo Deliberante.

El concejal Pérez afirmó ayer que la decisión final está en manos del intendente Ricardo Britapaja, al tiempo que sostuvo que deberá ser él quien presente una denuncia por las consecuencias legales que podría ocasionarle al municipio.

El concejal Pérez pidió que se extraiga copia de la versión de sus dichos y que por Secretaría de Concejo se remita la misma al intendente municipal para que tome recaudos y brinde explicaciones al cuerpo del Concejo.

Asimismo, pidió que se remita copia al fiscal Raúl Coronel para que analice la eventual comisión de algún delito penal.



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