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Atentado Lagos Mac Karthy : Prisión preventiva por diez días para dos imputados

Se llaman Mauro Eldahuk y Gastón Lagos, y están acusados por el ataque al escribano Juan Cruz Lagos. Se supo que el primero había tenido un problema con el profesional por la escrituración de una parcela.


Foto: Andres Campos




La Fiscalía formalizó la investigación por el incendio que afectó a la familia Lagos / Mac Karthy, imputando la presunta autoría material a uno de los acusados y la autoría intelectual al otro. Los fiscales Martín Zacchino y María Bottini fundamentaron los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación para solicitar que se imponga la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar. Bruno Deias y Horacio Hernández, cuestionaron la prueba incriminante, resaltando que con estos elementos no puede disponerse la medida de coerción más grave prevista por el código. El juez Jorge Criado desestimó el riesgo de fuga y por el peligro de entorpecimiento dispuso la prisión preventiva por un plazo de diez días, fecha en la cual se realizaría una nueva audiencia. Los defensores solicitarán que se revise la medida por otros dos jueces.



La audiencia se extendió por más de tres horas. En primer término la Fiscalía expuso el hecho que investiga indicando que sucedió alrededor de las 4:30 hs. del jueves, cuando dos sujetos, “predeterminados a actuar” por el presunto autor intelectual, incendiaron el vehículo del damnificado. El autor habría traspuesto las rejas perimetrales de la vivienda, mientras que el otro le alcanzó tres bultos, presumiblemente estopa o trapos embebidos en alguna sustancia inflamable para ubicarlos rápida y cuidadosamente debajo de una camioneta estacionada en el garaje. Luego los encendió, “conociendo todos ellos que el fuego así producido ponía en peligro bienes de los damnificados y del vecindario, como así también la vida de los moradores que pernoctaban en el lugar”.

Asombro y terror



El presunto autor intelectual declaró en la audiencia para sostener que lo une al damnificado una relación de amistad, y se siente asombrado y aterrado por lo que le está pasando. En su declaración dio detalles de sus movimientos durante el día previo y el siguiente al hecho, y sostuvo que no puede creer que lo apunten como un terrorista cuando es un padre de familia. Por su parte el damnificado, ya fuera de la audiencia, negó rotundamente la existencia de alguna relación más allá de lo estrictamente profesional.

El coimputado también informó sobre sus movimientos durante aquellos días y sostuvo que no tiene contacto desde hace muchos meses con el otro sindicado.

La cautela del proceso



Martín Zacchino y María Bottini, expusieron las particularidades de esta investigación y la necesidad de mantener a los imputados imposibilitados de interferir para que esta llegue a buen término. En su análisis se refirieron a la gravedad del hecho, por el riesgo para la vida de las personas que pernoctaban en la vivienda afectada, por el daño causado en los bienes y el riesgo extendido a los vecinos lindantes. También sostuvieron que se trata de un hecho para el que el Código Penal prevé una pena que va de tres a quince años de prisión.

Zacchino se refirió a la modalidad de producción del hecho, la premeditación, conocimiento del lugar y decisión. También habló de un vehículo que habría sido empleado por los autores -ahora aparentemente localizado por la policía- que se detuvo aquella noche en la placita ubicada en esquina cruzada con la escribanía. Allí habrían descendido dos personas, las que prepararon los elementos que utilizarían para cometer el siniestro. Da cuenta de esto el goteo de combustible constatado.

Los fiscales se refirieron al temor expresado por personas que tendrían información importante para la investigación.

El presunto autor intelectural habría amenazado a la víctima pocos días antes de cometido el hecho, y según la Fiscalía habría incluso amenazado al fiscal de turno este fin de semana.

Zacchino reconoció que los allanamientos arrojaron resultados negativos, y ahora se espera conocer los avances de las nuevas medidas solicitadas.

Las defensas



Ambos defensores cuestionaron los elementos con que cuenta la fiscalía para ligar a sus defendidos al proceso. Hernández propuso testigos que declararan sobre la permanencia de su representado en Cholila aquella madrugada, y también respecto del arraigo de este. Los testigos fueron rechazados por la Fiscalía ya que la autoría intelectual no requiere de la presencia en el lugar del hecho.

Por otra parte el letrado dijo que por tratarse de un hecho con gran repercusión mediática no debe perderse la objetividad a la hora de definir la situación procesal de los imputados, a su criterio no hay elementos de convicción suficientes para hablar de algún tipo de autoría. “Si no hay autores materiales mucho menos puede llegarse al autor intelectual”, dijo. También alegó que no conoce las filmaciones existentes y por lo tanto no sabe de qué tiene que defenderse en esta instancia. También resaltó que si los allanamientos dieron resultado negativo, ahora la Fiscalía cuenta con menos elementos de cargo que el sábado a la noche cuando se solicitó la detención al juez.  También insistió en que se realicen en el día todas las medidas probatorias necesarias para que su defendido recupere inmediatamente la libertad.

Luego de negar la participación sostuvo que si hubiera existido un problema personal a raíz de una escritura solicitada por su defendido y no realizada por el escribano, y este hecho hubiera sido una represalia, no implica tampoco una amenaza para la seguridad pública que demande de un encarcelamiento, sino un hecho puntual que difícilmente podría reiterarse.

Por su parte Bruno Deias insistió en que no hay una “grave sospecha” de fuga y por lo tanto debe respetarse el principio de inocencia y la libertad durante el proceso. Resaltó la falta de elementos de vinculación directa de su defendido con el hecho, la inexistencia de riesgo de fuga, y la incomprensión del por qué se solicita esta medida en desmedro de todas las alternativas menos gravosas que ofrece el Código.

Y el juez dijo…



Luego de escuchar a las partes, el juez Jorge Criado dispuso la prisión preventiva por un plazo de diez días. El magistrado desechó el argumento fiscal de riesgo de fuga, aunque consideró bien fundado el peligro de entorpecimiento. Al cabo de los diez días se fijaría una nueva audiencia en la que la Fiscalía tendrá que informar sobre el avance de la investigación y la necesidad o no de sostener la restricción a la libertad de ambos imputados. El juez consideró que sí existen elementos para considerar en esta etapa inicial que los imputados podrían estar vinculados al hecho.

Criado también autorizó los pedidos de secuestro y requisa del rodado que podría haberse empleado en el hecho, y los secuestros del pantalón y las alpargatas que llevaba puestas en ese momento uno de los imputados, así como la apertura de los celulares secuestrados.

Ambos defensores pidieron una audiencia de revisión que sería fijada para el martes.



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