El glifosato llegó a la Corte Suprema

Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en laindustria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.Buenos Aires (Página 12).- "Se solicita se ordene la suspensión de lacomercializació n, venta y aplicación de glifosato y endosulfan-agrotóxicos básicos de la industria sojera- en todo el territorionacional." El reclamo forma parte del recurso de amparo presentadoayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de AbogadosAmbientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta alemblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita queel Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicosagrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales deBuenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, lacompañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora deglifosato. La presentación judicial cita media docena de estudioscientíficos que describen los males de los agrotóxicos y destaca lanecesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de lospueblos por sobre una actividad económica.Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modeloagrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativosde los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos ysolicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicoshasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere quela Comisión Investigadora del Ministerio de Salud -creada en eneroúltimo para investigar los efectos de agroquímicos- "se expidadefinitivamente" sobre los efectos de los herbicidas. "Hasta elmomento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos", afirma laONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con elcuidado del ambiente."Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias deBuenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justiciade primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). Ala empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se lacita como tercera interesada (por ser la mayor productora delherbicida)", aclara el escrito.La presentación ante la Corte se origina luego de que este diariodifundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular delConicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muyinferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornosintestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Elamparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero enllegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidadescampesinas e indígenas."Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 yque el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las10. Está claro que existen enormes intereses en juego", reconoció eldirector ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximotribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontesen Salta) o dejar dormir la presentación. "La Corte ha demostrado suconocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con losbosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino", arriesgó elabogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muypor encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presenteen medio país.El amparo se fundamenta en la figura del "daño ambiental colectivo"(perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona lapresentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y enel artículo 41 de la Constitución nacional: "Todos los habitantes gozandel derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollohumano y para que las actividades productivas satisfagan lasnecesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generaráprioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley".Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo,"tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmentecomo columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que seproduzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, elloa pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de latoxicidad de los herbicidas)".En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra losorganismos oficiales. "A los efectos de entender la verosimilitud delderecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estadosobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los sereshumanos y sobre el ambiente todo." La causa, que lleva el número262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonasafectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados yse brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicitadeclaración testimonial del profesor de embriología y director delLaboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario deAmbiente.
FUENTE: Prensa del Pueblo
POR: Darío Aranda