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Posturas disímiles en la oposición por el bloqueo de los fondos de AFJP en EE.UU

Consultados por lanacion.com, dirigentes críticos de la reestatización jubilatoria plantearon que, si se sanciona la ley, puede haber nuevos embargos, afirmaron que "obliga" a reformular el proyecto y que demuestra que los fondos se usarían para pagar deuda; algunos atribuyeron el fallo a posibles "especulaciones" de las aseguradoras.


La decisión del juez Thomas Griesa de disponer el embargo preventivo de activos que las AFJP tienen en los Estados Unidos por 553 millones de dólares sumó un elemento de discusión y controversia al ya arduo debate por la reestatización del sistema jubilatorio que impulsa el Gobierno.
Legisladores de la oposición consultados por lanacion.com evaluaron la resolución judicial, - que responde a un pedido de los tenedores de títulos de la deuda en default-, y midieron su posible impacto en el debate de la polémica iniciativa oficial que la semana que viene entrará en una fase clave con la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados.
"Esto va a exigir modificaciones, porque si prospera [el embargo preventivo de Griesa] corremos el riesgo de que se repita. Se volvería un antecedente muy peligroso", alertó la senadora Hilda "Chiche" Duhalde.
Peligro. La ex primera dama centró sus críticas en los planes de la Casa Rosada. "Más peligroso que lo que diga el juez, es quién va a manejar los fondos si pasan al Estado. Tendríamos que estar legislando pensando en el largo plazo y lo estamos haciendo preocupados por el aquí y ahora. A esta altura, tengo muchas dudas de que logremos que los fondos [de las AFJP] sean intangibles. El Gobierno tiene necesidades financieras urgentes y va a sacar la plata de donde sea".
En el mismo sentido, admitió su falta de confianza en que la oposición y el justicialismo crítico logren frenar imponerse en el Congreso. "No soy muy optimista. No creo que podamos repetir lo de la 125", reconoció en alusión al rechazo a las retenciones móviles en la Cámara alta con el decisivo voto en contra de Cobos.
El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Oscar Aguad, trazó un diagnóstico similar. "Sin duda, esto obliga al oficialismo a replantearse el tema, porque no creo que el Gobierno esté dispuesto a entregar la plata de los jubilados a los fondos buitre", señaló.
El legislador ratificó el respaldo del radicalismo a volver a instaurar un sistema jubilatorio únicamente estatal, pero resaltó que "hay que pensar un traspaso que reconozca el derecho de los ahorristas que en su momento optaron por el régimen de capitalización".
Dominó. También para Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco-Buenos Aires), el bloqueo judicial a las AFJP genera espacio para una suerte de cascada de reclamos similares. "Si la decisión del juez se concreta, se va a estar abriendo la puerta para una cantidad de demandas y avances similares sobre todos los activos estatales argentinos en Nueva York", alertó.
En este marco, justificó que Griesa haya aceptado el planteo de un fondo institucional de los Estados Unidos que lleva más de tres años de conflicto con la Argentina para cobrarle acreencias. Así lo explicó: "Desde que el Banco Central empezó a tomar decisiones sin independencia del Gobierno, y ante la eventualidad de que una ley le permita a la Casa Rosada hacerse de los fondos, el juez decidió embargarlos para proteger a los demandantes y porque queda demostrado que el Estado está haciendo un uso político e indebido de esos activos", interpretó.
A sabiendas. Desde la Coalición Cívica, la diputada Fernanda Reyes fue especialmente dura con el Gobierno. "La verdadera decisión errada no es la del juez, sino la de impulsar la reestatización [de las jubilaciones]", señaló.
Enseguida, la legisladora de la fuerza que lidera Elisa Carrió dijo estar "segura" de que el Gobierno "sabía" que una medida como la de Griesa podía surgir. "Buscaron una manera de resolver la deuda con esos bonistas que no iban a aceptar la reapertura del canje. Creo que sabían que esto podía pasar y no hicieron nada para impedirlo", conjeturó.
Para Reyes, la disposición de la justicia de Nueva York es elocuente respecto del destino que, según denuncia la oposición, tendrá el dinero de las jubilaciones. "Si había alguna duda, esto la despeja: la plata de los jubilados va a usarse para pagar a los holdouts. La ley no tendría que salir", lanzó.
Prevención. María América González (Solidaridad e Igualdad ? Capital) forma parte del núcleo de diputados que, aunque apoyan el espíritu general de la reforma provisional, reclaman cambios al proyecto original para proteger los fondos. "El embargo [preventivo] sirve para resguardar a los afiliados. Impide que las AFJP sigan especulando y haciendo maniobras en medio de la crisis [financiera]. Es una forma de garantizar, incluso que las AFJP no desaparezcan con la plata de sus afiliados y que, cuando el día de mañana, los fondos pasen al Estado, los aportantes tengan qué reclamar", evaluó.
Las críticas a las aseguradoras fueron aún más allá. "Esto sirve para tomar conciencia de cómo las AFJP están arriesgando los ahorros de millones de argentinos en la timba financiera en un clima de crisis tremenda. Hasta tanto se sancione la ley, está bien que esos fondos no se puedan tocar", reforzó.
Clima en contra. Carlos Raimundi, también integrante del bloque que lidera Eduardo Macaluse, fue más tajante. "Es un fallo a la medida de las AFJP y sirve para generar el clima negativo que buscan los que se oponen a la estatización y quieren que el traspaso al Estado quede asociado a la idea de inseguridad jurídica", embistió.
En la misma línea, aseguró que "la inseguridad madre" no tiene que ver con la posible estatización del régimen previsional, sino con la volatilidad de los mercados y advirtió que el hecho de que haya fondos depositados en los Estados Unidos "es un riesgo que los aportantes decidieron aceptar y del que ahora no pueden quejarse".
En este punto, el legislador instó a virar el debate hacia la necesidad de "poner límites" al manejo del dinero de las AFJP si finalmente pasa a las arcas públicas. "Hay que darle asignación específica a los recursos y eso tiene que quedar expresado de manera taxativa en la ley. También hay que modificar el reglamento de la Anses", concluyó.

FUENTE: LA NACION


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